El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (el “Ministerio”) expidió el Decreto 797 del 4 de junio de 2020 (el “Decreto”) para regular temporalmente la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales por parte de los arrendatarios con ocasión de la emergencia sanitaria declarada y ocasionada por el COVID-19.

Esta norma se encontraba especialmente dirigida a (i) bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video; (ii) gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles; (iii) cines y teatros; (iv) servicios religiosos que impliquen aglomeraciones; (v) alojamiento y servicios de comida; y (vi) eventos de carácter público o privado que implicaran aglomeración de personas. En el caso de terminación unilateral, los arrendatarios solo estarían obligados a pagar el valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato.

El 17 de septiembre de 2020 la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto bajo los siguientes postulados: por un lado, afirmó que el Decreto no superó el juicio de no contradicción; y por otro lado, sostuvo que, el Código Civil y el Código de Comercio contienen múltiples mecanismos e instrumentos destinados a superar circunstancias imprevisibles en el desarrollo de la voluntad contractual, por lo que no se requería, ni resultaba necesario, la intervención del gobierno. La autonomía de la voluntad solo puede verse afectada frente a verdaderas situaciones objetivas de asimetría, concluyó la Corte Constitucional.

Quedamos atentos a cualquier asistencia que requieran en relación con lo aquí dispuesto. Para este fin, podrán contactar a Jaime Moya (jmoya@goh.law) o Steffany Serebrenik (sserebrenk@goh.law)

 

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